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CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO SE HACE PARTE EN QUERELLAS POR FRAUDE AL ESTADO EN CONTRA DEL ALCALDE DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL

Las querellas patrocinadas por el abogado Rodrigo Guerrero Roman, tiene por objeto poner en conocimiento de la justicia, las irregularidades cometidas por el edil en el ejercicio de sus funciones como alcalde de la citada comuna de San Francisco de Mostazal

Juzgado de Garantía de Graneros
Graneros, doce de junio de dos mil diecisiete.
A lo principal: Visto lo dispuesto en los artículos 111, 112 y 113 del Código Procesal Penal, se admite a tramitación la querella interpuesta, remítase al Ministerio Público.
Al primer otrosí: Solicítese ante el Ministerio Público.
Al segundo otrosí: Téngase presente.
Al tercer otrosí: Como se pide.
Al cuarto, quinto y sexto otrosí: Téngase presente.
RUC N°: 1510003860-6
RlT N°: 339 – 2015
Proveyó don RUBÉN HERNÁN DONOSO PAREDES, Juez de Garantía de Graneros.
Certifico: que con fecha doce de junio de dos mil diecisiete, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.jpr.-

RI 613-2015/ GLF

EN LO PRINCIPAL: Deduce querella. PRIMER OTROSÍ: Solicita diligencias. SEGUNDO OTROSÍ: Legitimación activa. TERCER OTROSI: Señala forma de notificación. CUARTO OTROSÍ: Se tenga presente. QUINTO OTROSÍ: Acredita personería y acompaña documento. SEXTO OTROSÍ: Patrocinio y poder.

JUZGADO DE GARANTÍA DE GRANEROS

GUILLERMO LARA FERNÁNDEZ, Abogado Procurador Fiscal de Rancagua (S), por el Estado de Chile, en causa RUC N°:1510003860-6, RIT N°: 339-2015, investigación a cargo de la Fiscalía Local de Graneros, a SS. con respeto digo:

Que en la representación que invisto y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Código Procesal Penal y los artículos 2º y 3° Nº 4 y 5 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, D.F.L Nº 1 del año 1993, del Ministerio de Hacienda, vengo en deducir querella criminal contra todos quienes resulten responsables del delito de Fraude al Estado, previsto y sancionado en el artículo 239 del C. Penal. Ello, sin perjuicio de otros delitos que puedan determinase se en el curso de la investigación, conforme pasa a expresarse.

I.- CONSIDERACIÓN PRELIMINAR.

La Fiscalía Local de Graneros está actualmente investigando bajo el citado rol único de causa, dos querellas interpuestas en febrero de 2015, por tres Concejales de la comuna de San Francisco de Mostazal, contra SERGIO MEDEL ACOSTA, Alcalde de la misma localidad, por los siguientes hechos:

II.- LOS HECHOS

IIA.- Primera querella:

HECHO 1.
Por Decreto Alcaldicio Nº2.031, de 23 de julio de 2012, el querellado, don Sergio Hernán Medel Acosta, en su calidad de Alcalde, y actuando en representación de la Municipalidad de Mostazal, mediante un proceso licitatorio irregular y no ajustado a derecho, ID Nº2675-
156 LP12, denominado “Concesión de Iluminación y Gestión
Completa de Administración, Control y Mantenimiento de Alumbrado Público Municipal”, procedió a adjudicar la propuesta pública a la empresa Multi Assist S.A. sin que este proveedor reuniera los requisitos que se exigían en las bases administrativas y técnicas.
Favoreciendo, por motivaciones personales que deben ser investigadas, a una empresa cuya propuesta debió ser rechazada.

HECH0 2.

Durante el 2013, el querellado, don Sergio Hernán Medel Acosta, en su calidad de alcalde, y actuando en representación de la Municipalidad de Mostazal, pagó indebidamente la suma de $46.145.819.- a la empresa Multi Assist S.A., por el servicio de operación y mantención de luminarias, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2012 y enero de 2013, en circunstancias que las luminarias de cuya mantención se trata, fueron recepcionadas recién el 31 de julio del 2013. Dichos pagos corresponden a servicios no prestados, y perjudican gravemente el patrimonio municipal.

HECH0 3.

Durante el 2013, el querellado don Sergio Hernán Medel Acosta, en su calidad de alcalde, y actuando en representación de la Municipalidad de Mostazal, pagó indebidamente la suma de $1.440.274, a la empresa Multi Assist S.A., por el servicio de operación y mantención de
2.925 luminarias, durante los meses de agosto, septiembre
y octubre del 2013, en circunstancias que, según inventario
realizado en el mes de marzo de 2014, solo existían 2.817 luminarias. Dichos pagos corresponden a servicios no prestados, y perjudican gravemente el patrimonio municipal.

HECHO 4.

Durante el 2013, el querellado don Sergio Hernán Medel
Acosta, en su calidad de alcalde, y actuando en
representación de la Municipalidad de Mostazal, pagó
indebidamente la suma de $28.649.260, a la empresa Multi
Assist S.A, por el concepto de eficiencia energética, en circunstancias que la empresa no cumplió con su oferta de disminuir el consumo de energía en un 55% tal y como se comprometió en el contrato, llegando a solo un 31% de ahorro en relación al año 2012. Dichos pagos corresponden a servicios no prestados, y perjudican gravemente el patrimonio municipal.

HECHO 5.

Entre enero y julio de 2013, el querellado don Sergio Hernán Medel Acosta, en su calidad de alcalde, y actuando en representación de la Municipalidad de Mostazal, pagó indebidamente la suma de $80.299.464.- por concepto de ahorro energético en el consumo correspondiente al periodo de noviembre a diciembre de 2012 y enero de 2013, en circunstancias que el proceso de recambio de luminarias concluyó recién el 31 de julio de 2013. Dichos pagos corresponden a servicios no prestados y perjudican gravemente el patrimonio municipal.

HECHO 6.

Desde el año 2008 a la fecha, el querellado, en su calidad de alcalde, y actuando en representación de la Municipalidad de Mostazal, con el objeto de validar compras y contrataciones irregulares realizadas al margen de lo establecida en la Ley, habitualmente y en un número no determinado de ocasiones, ha reconocido deudas por diferentes montos, obligando al Municipio, con el objeto de proceder a sus pagos. Todo ello en perjuicio del patrimonio Municipal.

IIB.- Segunda querella:

HECHO 1:
El municipio de Mostazal, efectuó una licitación pública, cuyo resultado determinó que con fecha 6 de noviembre de 2008, se suscribiera con la empresa Realectric Ltda., los Sres. Francisco Reare Bustamante y Pedro Núñez Loyola, un contrato de suministro, en virtud del cual una de las partes se obligó a proveer el servicio de mantención y reparación del alumbrado público y dependencias municipales y la otra a pagar el precio por cada una de las partidas detallas en la propuesta realizada. Dicha convención estableció un plazo de vigencia de 12 meses, renovables de forma automática. En dicho contrato se pueden observar una serie de irregularidades, como la existencia de cláusulas contrarias a las normas de contratación administrativa, especialmente cláusula de renovación automática y la no inclusión del precio unitario de los servicios. Como la contratación directa encubierta al imputar servicios al contrato. Como el encargo de gestiones sin el debido respaldo presupuestario. Como la existencia de licitaciones adjudicadas por el proveedor que no cumplen con los plazos mínimos de publicación, circunstancia que afecta la libre competencia. Pero de relevancia criminal es la existencia de una relación de pareja entre la dueña de la empresa y el señor Alcalde.
Al respecto, cabe observar, que la contratación de este servicio para los períodos posteriores a la vigencia de este contrato, suscritos por el querellado en representación del municipio de Mostazal, corresponden a un trato directo, sin que mediara el procedimiento general de contratación mediante una licitación pública y en el que se ha buscado dar interés a su pareja.

HECHO 2:
Mediante licitación pública ID Nº 2675-187- LE12 05-09-
2012, se adjudicó a la empresa antes indicada, la iluminación ornamental de las fiestas patrias año 2012, en
la suma de $ 32.011.000.
Al respecto, cabe señalar, que la publicación de esta licitación en el portal Mercado Público, no cumplió con los
plazos mínimos que establece el artículo 25, del decreto (H) Nº 250, de 2004, reglamento de la ley Nº19.886, que norma el tiempo mínimo que debe mediar entre el llamado y la recepción de las ofertas, que para el caso en análisis fue de cinco días corridos, vale decir, entre el viernes 24 de agosto de 2012 y el miércoles 29 de ese mismo mes y año. También se observa un trato directo para la instalación de luminarias, portación y línea de alumbrado público en la comuna de Mostazal.
Las obras fueron ejecutadas por la empresa
Realectric Limitada, representada por doña Elizabeth
Cecilia Reare Gálvez, por un monto ascendente a
$123.319.700.- y $93.950.500.-, cuyo pago fue efectuado mediante documentos de contabilidad Nºs 09-1740 y 09-189,
de 7 de junio de 2012 y 19 de febrero de 2013, respectivamente, cuyo financiamiento corresponde a los fondos provenientes de la ley Nº19.995.
Sobre el particular, cabe señalar, que no se efectuó licitación pública, vulnerando con ello los artículos 5º a
10º de la ley Nº19.886 y 10º de su reglamento, contenido en el decreto (H) Nº250, de 2004. Lo anterior contravendría el principio de probidad administrativa, acorde a lo previsto en el artículo 62 Nº7 de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (IEV, mayo de 2013).
Todas estas contrataciones, fueron suscritas por el querellado en representación del municipio de Mostazal, y evadiendo los procedimientos de licitación se ha buscado dar interés a su pareja.

HECHO 3:
Durante el 2011, el municipio de Mostazal, representado por el querellado, adquirió un terreno en el denominado Balneario Antirrayén, rol de avalúo Nº148-037, ubicado en el sector de camino a La Punta, de la Comuna de Mostazal, a don Pedro Edmundo Bascuñán Parra, por un valor de $190.000,000.
La autorización del Concejo Municipal para tal adquisición fue concedida en sesión ordinaria Nº136, de fecha 11 de octubre de 2011, mediante acuerdo Nº953, de la citada anualidad.
Sobre lo anterior, cabe señalar, que durante el año 1986, el
señor Bascuñán Parra adquirió dicho inmueble en la suma de
$2.500.000.-, y que el avalúo fiscal correspondiente al primer semestre de 2012, alcanzaba a $37.468.381.-
Aun cuando el inmueble fue tasado, no se consideraron otras tasaciones comerciales, lo significó una pérdida patrimonial para el municipio.

HECHO 4: Durante el 2012, el municipio de Mostazal, representado por el querellado, adquirió un terreno denominado Lote B de l a subdivisión de la parte norte de la propiedad ubicada en el sector Punta de Codegua, comuna de Mostazal, rol avalúo Nº151-33 8, destino agrícola, a don Raúl Gustavo Angulo Moreno, por un valor de $ 84.000.000.-,
pagado mediante el documento de contabilidad Nº1.784, de 2 de agosto de 2012.
La autorización del concejo municipal para tal adquisición fue concedida en sesión ordinaria Nº163, de fecha 8 de mayo de 2012, mediante acuerdo Nº1.126, de la citada anualidad.
Sobre lo anterior, el avalúo fiscal correspondiente al segundo semestre de 2012, alcanzaba a $ 4.754.293.-
Sobre el particular, cabe señalar, que el inmueble indicado, no fue tasado, ni se tuvieron a la vista otras tasaciones comerciales del bien, generando una pérdida patrimonial importante para el municipio.

HECHO 5:
Durante el 2012, el municipio de Mostazal representado por el querellado, pagó a Tania Pantoja Lobos, por honorarios, la suma de $2.333.319.-, impuesto incluido, cursados con fecha 24 de diciembre de 2012, mediante documento de contabilidad Nº09-3.852, según se indica en la glosa honorarios meses de octubre, noviembre y diciembre de ese mismo año.
Los servicios no fueron prestados, toda vez que dicha persona
nunca habría concurrido al municipio.
En lo que respecta al pago mencionado, este no fue retirado por doña Tania Pantoja Lobos, supuesta prestadora de los servicios, sino que fue depositado por doña Carla Parraguez Parrao a la cuenta corriente Nº1030532808, con fecha 2 de enero de 2013, en la sucursal de La Serena.
Cabe señalar, que la prestadora de servicios antes aludida,
tiene domicilio en la comuna de Bulnes, Región del Biobío,
en la cual desarrolla funciones en la Oficina de Protección
de Derechos de Quillón, como educadora comunitaria, con visitas a terreno en las comunas de Quillón, Bulnes y San Ignacio.
A mayor abundamiento, habida la documentación respectiva de las prestaciones señaladas en el párrafo anterior, esto es, decreto alcaldicio y contrato de prestación de servicios, se detectó que la firma de la prestadora de servicios aludida, en la documentación de Mostazal, no es concordante con la facilitada por la Municipalidad de Quillón.

HECHO 6:
Con fecha 29 de mayo de 2012 el municipio de Mostazal, representado por el querellado, pagó a Álvaro Guillermo Lavín Aliaga honorarios por un monto mensual de $2.222.222.-, impuesto- incluido, por la función de asesor jurídico del Municipio de Mostazal. Los servicios de los meses de marzo y abril del 2012, nunca fueron prestados.

HECHO 7:
Durante los años 2011 y 2012, el municipio de Mostazal, representado por el querellado, pagó a don Roberto Esteban Campos Flores, honorarios por un total de $2.666.672.-, incluido impuesto, por prestaciones de servicios como digitador proyecto de desarrollo y gestión. Los servicios en cuestión nunca fueron prestados

HECHO 8:
Durante los años 2011 y 2012, el municipio de Mostazal, representado por el querellado, pagó, por concepto de honorarios, a don Leonardo Rivera Montes, la suma total de
$7.333.337.-, incluido impuesto, como prestador de servicios
proyecto desarrollo y mejoramiento de la gestión. Servicios que nunca fueron prestados a la Municipalidad de Mostazal.

III.- CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS DE LA QUERELLA.

Los hechos antes descritos, en opinión de esta querellante, son subsumibles en el tipo del artículo 239 del Código Penal, esto es, de Fraude en perjuicio del Estado. Dicho tipo penal sanciona al”empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo…”.
En tal sentido, se encuadrará especialmente en dicho ilícito, el accionar de los funcionarios públicos a efectos penales, teniendo relevancia la denominación amplia que para estos efectos nos plantea el artículo 260 del Código Penal.
Todo ello, en el entendido que dicho tipo penal sanciona al funcionario que con ocasión de su cargo defraude al Estado a sus organismos (perjudique patrimonialmente), o consienta que
ello se verifique. Lo anterior, con incumpliendo de sus deberes funcionarios.

IV.- GRADO DE DESARROLLO DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CRIMINAL.

Como se indicó, esta querellante, estima que se está frente a delitos consumados de Fraude al Estado, cometido por los empleados públicos cuya participación puede determinarse en sede investigativa, así como de eventuales particulares involucrados.
En cuanto a la participación punible, estimamos autoría directa respecto de todos los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones defraudaron o consintieron en defraudar al Estado-Fisco, conforme al artículo 15 N°1 del C Penal.
Respecto a la posible participación de particulares involucrados en estos hechos, les sería aplicable en sede de comunicabilidad el mismo tipo penal, en la modalidad de participación, prevista en el artículo 15 N° 3 del C Penal, esto es, autores cooperadores, al coludirse con un empleado público para defraudar al Estado.
Todo lo antes expuesto, no obstante la concurrencia
de otros delitos que pudieren resultar acreditados en la investigación, en los cuales cabrá participación punible a
todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, conforme disponen los artículos 15, 16 y 17 del Código Penal.

POR TANTO:

De acuerdo a lo expuesto y lo dispuesto en
los Art. 111 y sucesivos del Código Procesal Penal y 239 del Código Penal, 15 , 16 y 17 del mismo cuerpo legal, sin perjuicio de otras disposiciones legales aplicables,

RUEGO A SS., tener por interpuesta querella criminal en contra de contra todos quienes resulten responsables durante el curso de la investigación del delito de Fraude al Estado, previsto y sancionado en el artículo 239 del C. Penal, sin perjuicio de otros delitos que pudieren resultar acreditados durante la misma, declarándola admisible y a su turno remitirla al Ministerio Público, para su conocimiento y fines pertinentes de la investigación.

PRIMER OTROSÍ: Sírvase SS. tener presente, que en
cumplimiento a lo ordenado por la letra “e” del artículo 112
del Código Procesal Penal, solicito al Ministerio Público la
realización de las siguientes diligencias:

I.- Se despache Instrucción particular a la Policía de
Investigaciones, para los siguientes efectos:

a) Determine los funcionarios que al interior de la Municipalidad de San Francisco de Mostazal que pudieron tener participación, o conocimiento en los hechos de la presente querella. Nos referimos a aquellos que por razones de su cargo tuvieron que participar o decidir en la adjudicación de los referidos contratos en su caso, o la compra de los predios aludidos conforme se ha reseñado, así como en la contratación de los funcionarios respecto de quienes de reprocha no haber cumplido sus labores, siendo su vinculación laboral meramente nominal o de pantalla.
b) Una vez determinado la identidad de los mismos, se les
interrogue al tenor de la descripción fáctica de esta presentación. Precisando toda información relativa a estos
hechos, así como de anteriores gestiones u obras en que hayan intervenido los querellados, o las empresas adjudicatarias.

c) Precisar todo dado relativo a las siguientes entidades:

1.- Realectric Limitada, representada por doña Elizabeth Cecilia Reare Gálvez, en conjunto con Francisco Reare Bustamante y Pedro Núñez Loyola, a la cual se le adjudicó mediante licitación pública ID Nº 2675-187- LE12 05-09-2012, la iluminación ornamental de las fiestas patrias año 2012, en la suma de $ 32.011.000, y otro contrato, ya referido en lo principal.

2.- Empresa Multi Assist S.A, a la cual se le adjudicó por Decreto Alcaldicio Nº2.031, de 23 de julio de 2012, el ID Nº2675-156 LP12, denominado “Concesión de Iluminación y
Gestión Completa de Administración, Control y Mantenimiento de Alumbrado Público Municipal.
En tal sentido la instrucción deberá contener los datos de tales empresas, actual situación de vigencia, o en su caso, señalar si están en quiebra o insolvencia, detallando tal situación, procesos, síndico o liquidador, etc. Sus representantes legales, diagnóstico de sus negocios o actividades en lo relativo a la legalidad de las mismas, si están involucradas, dichas entidades, o sus representantes, o personas vinculadas en procesos penales vigentes o terminados, su situación tributaria, timbrajes de boletas, a que se dedican, si registran contratos con otros municipios, por negocios similares u otros, ubicación actual de éstos, labores que hoy desempeñan, etc. Así como la información precisa y situación personal de quienes aparecen, o fueron sus representantes, socios, o personas vinculadas a los hechos ya descritos.

II.- Se decrete como diligencia precisa un peritaje contable del tipo forense (es decir muy amplio en su desarrollo y contexto) a efectuar por algún perito contable incluido en el listado de la Corte de Apelaciones de Rancagua o Santiago, para que precise el perjuicio en este caso. En tal sentido, la pericia no sólo deberá establecer el aludido detrimento patrimonial al erario fiscal-municipal respecto de cada hecho, sino en lo posible determinar la modalidad comisiva e involucrados, haciendo hincapié en el ámbito técnico que en ello compete al citado informe. A hechos, nos referimos a la adjudicación de los contratos de suministro eléctrico mencionados en lo principal, o en su caso, o la compra de los predios aludidos, conforme se ha reseñado, así como en la contratación de los funcionarios respecto de quienes de reprocha no haber cumplido sus labores, siendo su vinculación laboral meramente nominal o de pantalla.

III.- Se despache oficio al Servicio de Impuestos Internos para que informe sobre la situación tributaria de Realectric Limitada y Empresa Multi Assist S.A, así como su inicio de actividades, timbraje de documentos, declaraciones de impuestos, emisión de facturas, etc.

IV.- Se despache oficio a la Dirección del Trabajo Metropolitana, para que informe sobre la situación laboral de Realectric Limitada y Empresa Multi Assist S.A, sobre si pagan cotizaciones a trabajadores, respecto de sus deudas previsionales en los juzgados del trabajo e información que conste en el Dicom Laboral, etc.

V.- Se oficie al Servicio Nacional de Registro Civil, Registro de Vehículos Motorizados, para que informe si las mismas empresas tienen vehículos motorizados inscritos a su nombre en dicho catastro.

VI. Se oficie a los Conservadores de Bienes Raíces, Aguas, Comercio y Minas de Rancagua, Peumo, San Fernando, Santiago, Valparaíso y Concepción, con el fin de que informen acerca de
la existencia de inscripciones de inmuebles o derechos de agua a nombre de las aludidas sociedades.

VII) Se oficie a la Municipalidad de San Francisco de Mostazal , para que informe sobre investigaciones sumarias o sumarios administrativos que se hayan originado en razón de estos hechos. Señalando, en su caso, el estado actual de dichas pesquisas.

SEGUNDO OTROSI: Sírvase SS. tener presente que el Consejo de
Defensa del Estado concurre en representación del Estado de
Chile y se encuentra legitimado para intervenir en la causa
en virtud de lo dispuesto en los artículos 2º y 3º, numerales
4 y 5 y 24 N° 2 del DFL Nº 1 del año 1993, del Ministerio de
Hacienda, Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado.

TERCER OTROSI: Sírvase S.S. tener presente que, conforme lo dispone el artículo 31 del Código Procesal Penal, mi parte propone que todas las resoluciones le sean notificadas vía correo electrónico a la casilla de la Procuraduría Fiscal de Rancagua del Consejo de Defensa del Estado: notificaciones.rancagua@cde.cl, y además al correo guillermo.lara@cde.cl, por ser éstas suficientemente eficaces y no causar indefensión a mi parte.

CUARTO OTROSÍ: Sírvase S.S. tener presente que de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del D.F.L. Nº 1 de 1993 del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, el patrocinio y poder que confieren los Abogados Procuradores Fiscales no requiere de la concurrencia personal de los mismos.

QUINTO OTROSI: Hago presente a S.S. que comparezco en autos en mi calidad de Abogado Procurador Fiscal Subrogante de Rancagua, para lo cual acompaño copia del respectivo certificado del Sr. Secretario Abogado del Consejo de Defensa del Estado, en el cual consta mi designación en tal calidad.

SEXTO OTROSÍ; Sírvase SS. tener presente que en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión actuaré personalmente en la causa, fijando domicilio en calle Rubio Nº 285 oficina 710, Rancagua.

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