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FISCALÍA PIDIÓ PRISIÓN PREVENTIVA PARA EJECUTIVOS CGE POR INCENDIOS FORESTALES

La Fiscalía de O’Higgins pidió prisión preventiva en contra de los ejecutivos de CGE formalizados en el marco de la investigación por los incendios forestales registrados durante el verano en la región de O’Higgins.
En la audiencia de formalización que se desarrolla este miércoles en el Juzgado de Garantía de Peralillo, se le imputó cargos a los ejecutivos de la empresa de distribución eléctrica, por su presunta responsabilidad en el inicio de los siniestros.
Se trata de gerente de operaciones de CGE Distribución, Jorge Vutetich; Pablo Yáñez Mardones, gerente técnico regional de la compañía; y José Reyes jefe de mantenimiento y construcción de CGE Santa Cruz, todos quienes fueron formalizados por el delito de incendio.
“En definitiva, la falta de mantención, la ausencia de corte y poda de árboles cercanos al tendido y la omisión de limpieza de la faja de seguridad, por parte de los imputados, ocasionó que se generaran incendios en esos lugares. De este modo, quienes tenían la obligación legal de prevenir incendios, no lo hicieron provocando una catástrofe en diversas comunas de esta región”, indicó la fiscal Marcia Allende.
En ese sentido, la persecutora añadió que “esa omisión significó la ocurrencia de los incendios descritos y consecuentemente, la destrucción por las llamas de 77.115 hectáreas de bosques, pastizales, y vegetación”.
“Los hechos así descritos configuran cinco delitos consumados de incendio de bosques, mieses, pastos, montes y plantíos del artículo 476, número 3, del Código Penal, teniendo los imputados la calidad de autores respecto de los cinco incendios acorde a los artículos 15 n°1 del Código Penal y 58, inciso 2°, del Código Procesal Penal”, indicó la fiscal Allende.
Todos ellos, luego de ser formalizados por un total de 5 incendios que según la Fiscalía, consumieron 77.055 hectáreas de bosques que terminaron arrasados, afectando a 350 personas.
Esta cantidad de hectáreas afectadas correspondería 771 kilómetros cuadrados, es decir, equivale a las comunas de Rancagua, Talca y Concepción.
De acuerdo a la estimación del Ministerio Público, esta emergencia provocó además un gasto fiscal de 62 mil UF (unos $1.600 millones).

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