PRESENTAN QUERELLA CRIMINAL POR EL DELITO DE PREVARICACION EN CONTRA DEL ALCALDE DE PERALILLO

???????????????????????????????ENTREGAMOS EL TEXTO COMPLETO DEL LIBELO ACUSATORIO

EN LO PRINCIPAL: INTERPONE QUERELLA CRIMINAL POR DELITOS FUNCIONARIOS QUE INDICA.- EN EL PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS.-EN EL SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITA DILIGENCIAS AL MINISTERIO PÚBLICO.-EN EL TERCER OTROSÍ: TENGASE PRESENTE.- EN EL CUARTO OTROSÍ: FORMAS DE NOTIFICACIÓN.- EN EL QUINTO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER.-

SEÑOR JUEZ DE GARANTÍA DE PERALILLO

JORGE EDUARDO VALDÉS SEPÚLVEDA, chileno, divorciado, profesor y Jefe de Daem de la Ilustre Municipalidad de Peralillo, cédula nacional de identidad N° 6.142.453-9, domiciliado en Lourdes s/n, comuna de Peralillo, a U.S., respetuosamente digo:

Que por medio de este acto, venimos en interponer querella criminal en contra de don FABIAN GUAJARDO LEON, Alcalde de la comuna de Peralillo, chileno, ignoro estado civil y rut, domiciliado laboralmente en el edificio de la Ilustre Municipalidad de Peralillo, esto es calle Manuel Rodríguez sin número, todo ello en su calidad de autor en grado consumado y con agravantes a indicar de los delitos funcionarios de PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ABUSO CONTRA PARTICULARES, y en contra de todas aquellas personas que como autores, cómplices o encubridores, resulten responsables de los mencionados delitos u otras figuras a perseguir; todo ello sin perjuicio de la calificación jurídica que se determine en la sentencia que se dicte por U.S., en su momento.

Así, la presente querella criminal se fundamenta en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho que a continuación exponemos:

I.- LEGITIMACIÓN ACTIVA:

Señala el inciso 2º del artículo 111 del Código Procesal Penal que “se podrá querellar cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia, respecto de hechos punibles cometidos en la misma que constituyeren delitos terroristas, o delitos cometidos por un funcionario público que afectaren derechos de las personas garantizados por la Constitución o contra la probidad pública”.

En este caso, el querellante de autos cumple íntegramente con los requisitos para deducir querella, dado que:

i) El compareciente, tal como consta de la individualización, posee domicilio en la Provincia, y más aún en la comuna de Peralillo siendo Jefe de Daem de la misma

ii) Los delitos objeto de esta acción penal fueron cometidos en Peralillo.

iii) Los delitos objeto de esta acción penal fueron cometidos por un funcionarios públicos, y, tal como se relatará a continuación, puede estimarse que es “contra la probidad pública”, dado que son delitos funcionarios cuyo telos legislativo es el principio de ius cogens administrativo antes mencionado, vale decir la probidad.-

II.- ANTECEDENTES DE HECHO Y DE DERECHO:

A.- Calificación jurídica, grado de desarrollo de los delitos y participación en los mismos:

ANTECEDENTES PREVIOS:

Que como consta en los documentos que acompaño en un otrosí de esta presentación, el alcalde de la comuna de Peralillo, y querellado de autos, ha ordenado instruir sumario administrativo en mi contra, afortunadamente sobre hechos absolutamente falaces respecto de mi persona.-

Que en este sentido el mismo edil, lamentablemente se ha involucrado más allá de lo ordenado por nuestro legislador, vulnerando así, abiertamente el principio de legalidad y los artículos 6, 7 y 8 de nuestra Constitución Política de la República.-

Que este involucramiento, sólo obedece a su ánimo de persecución hacia mi cargo obtenido por ley a través de concurso por la alta dirección pública, lo cual lo han llevado a actuar personalmente en el mencionado sumario administrativo dictando decretos alcaldicios, como actos administrativos que vulneran abiertamente la ley y exceden con creces sus funciones, todo ello a sabiendas, por su basta experiencia en el sector público, al haber sido alcalde de la comuna en más de un periodo, y por sus estudios de derecho a nivel universitario.-

Que lo anterior lo ha cometido toda vez que ejerciendo un cargo que no es del orden judicial, sino más bien administrativo, ha dictado a sabiendas providencia o resolución manifiestamente injusta en negocio contencioso administrativo, al ordenar a través del decreto Número 1506 de fecha 7 de mayo de 2013, el nombramiento de una actuaria para el Fiscal del sumario, en circunstancias que EL ACTUARIO DEBE SER DESIGANO POR LEY POR EL FISCAL A CARGO DEL SUMARIO Y CON ELLO EVITAR LA CONTAMINACIÓN.-

Que en el peor de los casos y de manera subsidiaria la resolución o providencia manifiestamente injusta, nuestro legislador la permite por ignorancia o negligencia inexcusable, cuestión bastante discutida según se ha expuesto.-

Que el artículo 124 de la ley 18.834 prescribe que “La resolución a que se refiere el artículo anterior será notificada AL FISCAL, QUIEN DESIGNARÁ UN ACTUARIO, el que se entenderá en comisión de servicio para todos los efectos legales. El actuario podrá ser funcionario de cualquier institución de la Administración del Estado regida por este Estatuto, tendrá la calidad de ministro de fe y certificará todas las actuaciones del sumario”. Que en este procedimiento de Sumario Administrativo el actuario fue designado mediante Decreto Alcaldicio N° 1506, de modo que no cumple con lo consagrado en el artículo antes citado, es decir se atenta con el principio esencial del derecho público que versa que “en Derecho público solo es posible hacer aquello expresamente permitido y ordenado”, por lo que el alcalde de Peralillo se atribuye prerrogativas que no son expresamente señaladas en la norma, otorgándose el Edil facultades como designar a un funcionario en el rol de actuario, facultades que la ley no señala en ninguna norma referente a la sustanciación del procedimiento de Sumario Administrativo, ya que dicha facultad es prerrogativa exclusiva del Fiscal ya designado por el Edil. Es más, dicha vulneración a la sustanciación del proceso atenta con otra norma fundamental, que es la que le otorga el carácter de secreto al procedimiento de Sumario Administrativo, ya que el artículo 131 en su inciso final, de la ya citada norma versa que “El sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en la cual dejará de serlo para el inculpado y para el abogado que asumiere su defensa”. Y es evidente que el Edil interviene constantemente en el proceso vulnerando el secreto y la confidencialidad del mismo, Y MÁS GRAVE AÚN DICTANDO DECRETOS MUNICIPALES QUE TIENEN RELACIÓN DIRECTA Y ALTERAN EL CAUCE DEL SUMARIO, YA QUE DICHA FACULTAD SOLAMENTE RECAE SOBRE EL FISCAL INSTRUCTOR YA DESIGNADO POR EL EDIL, LO CUAL ES CAUSAL DE NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUTIVO DE UN ILICITO.-

Que conforme a lo anterior el artículo 228 del Código penal prescribe que:

Art. 228. El que, desempeñando un empleo público no

perteneciente al orden judicial, dictare a sabiendas

providencia o resolución manifiestamente injusta en

negocio contencioso-administrativo o meramente

administrativo, incurrirá en las penas de suspensión del

empleo en su grado medio y multa de once a quince

unidades tributarias mensuales.

Si la resolución o providencia manifiestamente

injusta la diere por negligencia o ignorancia

inexcusables, las penas serán suspensión en su grado

mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias

mensuales.

Que este mismo ilícito es reiterado, y se comete también cuando a través del Decreto Alcaldicio N° 1538 de fecha 15 de mayo de 2013, ordena con abierta prevaricación administrativa la suspensión de funciones y la retención del 50 por ciento de la remuneración de mi persona, en circunstancias que también la ley dispone que son atribuciones y facultades del Fiscal del Sumario, y nunca del Alcalde para no contaminar el mismo en su etapa final de confirmación o revocación del mismo.-

Que en cuanto al abuso contra particulares, el artículo 255 del Código penal prescribe:

Art. 255. El empleado público que, desempeñando un acto del servicio, cometiere cualquier vejación injusta contra las personas o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño del servicio respectivo, será castigado con las penas de suspensión del empleo en cualquiera de sus grados y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.

Que así, en relación a este hecho puntual, el querellado de autos ha ordenado a través de un decreto una retención de remuneración de mí representado, sin tener facultad legal para ello su persona, sino más bien el fiscal, y lo peor aún es que al representar esta ilegalidad lo vuelve a decretar como corresponde, esto es reconociendo su error, pero ordenando una nueva retención del 50 por ciento de la remuneración de mi representado, en circunstancias que ya le habían retenido otro 50 por ciento por una resolución ilegal objeto además de prevaricación administrativa, y así se le retiene con un abierto abuso o vejación injusta en 100 por ciento de su sueldo por alguien que carece de facultades legales y constitucionales para ello, como lo es el querellado de autos.-

Que en ambos ilícitos el querellado ha reconocido los mismo al hacer decretos alcaldicios que enmiendan el error, pero que no anulan los ilegales, esto es en derecho las cosas se deshacen como se hacen, por lo cual está reconocida la conducta, pero con abierta prevaricación administrativa y abuso.-

Que el resto de los elementos del tipo se dan en autos, pues el querellado evidentemente es un funcionario público, los actos son en el ejercicio de su cargo, son situaciones ilegales, y en su caso han sido a sabiendas, o por ignorancia o negligencia inexcusable, siendo muy discutible esta segunda situación.-

Es decir los hechos son típicos, antijurídicos y culpables.-

Que los actos anteriores son todos atentatorios en términos generales en contra de los principio de legalidad, probidad, eficiencia y eficacia, y que refieren en general a vulneraciones de derecho sustantivo en la Constitución Política de la República de Chile, en la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, Ley 19.653 sobre Probidad Administrativa, Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, más lo prescrito en derecho adjetivo en la ley 19.880 que rige los Actos de la Administración del Estado y el Procedimiento Administrativo, junto a las demás normas que son pertinentes y del caso a aplicar en sede penal.-

B.- Circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal

Concurren respecto del querellado las siguientes circunstancias agravantes de la responsabilidad:

1.- La del articulo 12 Nº 8, por prevalerse del carácter público que tenga el culpable.

C.- Pena solicitada

Que en relación a todo lo expuesto precedentemente, y observando la autoría y participación de los delitos, el grado de desarrollo de los mismos, las circunstancias modificatorias de responsabilidad, y el concurso real de las distintas figuras delictuales explicadas, todo ello de conformidad a las reglas de aplicación de las penas, venimos en solicitar a US., que tenga a bien conforme al principio de legalidad y en vista a la complejidad de las imputaciones impuestas, se sirva, aplicar el máximo de las penas mencionadas por el legislador, para los delitos en concurso ideal al efecto, una vez acreditado los hechos que fundan la culpabilidad. Así se piden como penas en concreto: por el delito de PREVARICACION ADMINISTRATIVA pido suspensión del empleo en su grado medio y multa de 15 utm, más accesorias legales, en subsidio si fuere la hipótesis culposa pido suspensión del empleo en su grado mínimo y multa de 10 utm, todo ello por cada uno de los ilícitos de este tipo. Por el delito de ABUSO CONTRA PARTICULARES, pido suspensión del empleo en su grado máximo y multa de 20 utm, más accesorias legales.-

POR TANTO, en merito de lo expuesto y conforme lo disponen los artículos 53, 108 y 111 y US., del Código Procesal Penal, y demás normas legales del caso a aplicar.

RUEGO A S.S.,: Se sirva tener por interpuesta querella criminal en contra de don FABAIN GUAJARDO LEON, ya individualizados, y en contra de todos aquellos que resulten responsables, ya sea como autor, cómplice o encubridor de los delitos imputados, o bien de aquellos ilícitos que en definitiva se decida formalizar, si es que esta parte se adhiere así a la acusación fiscal, todo ellos conforme a las penas mencionadas por cada ilícito, más las costas de la causa.-

EN EL PRIMER OTROSÍ: Sírvase S.S., tener por acompañados con citación los siguientes documentos:

1.- Los 4 decretos alcaldicios aludidos.-

2.- ley que refiere a facultades del fiscal en el sumario.-

3.- Liquidaciones de sueldo que refieren a la retención de sueldo y suspensión de empleo.-

POR TANTO,

RUEGO A U.S., tener por acompañados en la forma legal indicada los mencionados documentos.-

EN EL SEGUNDO OTROSI: Sírvase S.S., ordenar la realización de las siguientes diligencias investigadoras:

1.- Que se despache orden de investigar a la Policía de Investigaciones de Chile, a fin de que dicha institución recabe todos aquellos antecedentes relativos a los hechos descritos en lo principal de este escrito, en especial en referentes a los querellados, y que puedan ser eliminados como evidencia en el mismo municipio.-

2.- Que se cite a declarar a vuestro tribunal, bajo apercibimiento de arresto, al querellado.-

3.-Que se cite a declarar al Fiscal del sumario y la actuaria.-

POR TANTO, en mérito de lo expuesto precedentemente.-

RUEGO A U.S., acceder a lo solicitado.-

EN EL TERCER OTROSI: Sírvase U.S., tener presente que, para acreditar las acusaciones hechas esta parte se valdrá de todos los medios de prueba que permite nuestro ordenamiento jurídico vigente, en especial los testigos que declararan en su oportunidad.-

POR TANTO, en mérito de lo expuesto precedentemente.-

RUEGO A U.S., tenerlo presente.-

EN EL CUARTO OTROSÍ: Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 del Código Procesal Penal, solicitamos a U.S., que las notificaciones que se efectúen en ésta causa sean realizadas al Fono 912865 o 711983, ambos código de área 72, y al correo electrónico rodrigoguerreror@gmail.com y en subsidio de los anteriores, al fono móvil 09-3610597.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto precedentemente.-

RUEGO A U.S., así disponerlo.-

EN EL QUINTO OTROSÍ: Sírvase U.S. tener presente que vengo por medio de éste acto en designar abogado patrocinante y en conferir poder a don RODRIGO FERNANDO GUERRERO ROMAN, abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, patente al día de la ilustre Municipalidad de Nancagua, quien podrá actuar con las facultades de ambos inciso del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, las que se dan por enteramente reproducidas en este acto y que declaro conocer. Siendo para estos efectos domiciliado en Casa matriz Quechereguas 754 San Fernando, y sucursales Errazuriz 1053 Santa Cruz y Angel Gaete s/n Pichilemu.-

POR TANTO, en mérito de lo expuesto precedentemente.-

RUEGO A U.S., tenerlo presente.-

EN LO PRINCIPAL: SE HACE PARTE EN QUERELLA CRIMINAL QUE INDICA.- EN EL PRIMER OTROSÍ: SEÑALA FORMA DE NOTIFICACION.- EN EL SEGUNDO OTROSÍ: TENGASE PRESENTE PERSONERÍA.-

SEÑOR JUEZ DE GARANTÍA DE PERALILLO

JORGE EDUARDO VALDÉS SEPÚLVEDA, chileno, divorciado, profesor y Jefe de Daem de la Ilustre Municipalidad de Peralillo, cédula nacional de identidad N° 6.142.453-9, domiciliado en Lourdes s/n, comuna de Peralillo, a U.S., en causa Rit N° _____________, Ruc ________________________,respetuosamente digo:

Que por medio del presente acto, vengo en hacerme parte en la presente querella criminal, aceptando todo lo obrado en ella como tercero coadyuvante, y por ende querellante.-

Asimismo, la calidad activa para hacerse parte en estos autos nace de la naturaleza del delito, es decir acción penal pública, y de la calidad de mi persona como funcionario público.-

Asimismo informo a U.S., que ya he realizado gestiones ante el Ministerio Público.-

POR TANTO, en mérito de lo expuesto precedentemente.-

RUEGO A U.S., tenga a bien tenerme por parte en estos autos en la representación que envisto, y así acepto lo obrado como tercero coadyuvante y por ende adquiero la calidad de parte querellante en el proceso, a fin de no hacer nuevas querellas y duplicar causas por los mismos hechos en pro de la economía procesal y de conformidad a la ley.-

EN EL PRIMER OTROSÍ: Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 del Código Procesal Penal, solicitamos a U.S., que las notificaciones que se efectúen en ésta causa sean realizadas al Fono 912865 o 711983, ambos código de área 72, y al correo electrónico rodrigoguerreror@gmail.com y en subsidio de los anteriores, al fono móvil 09-3610597.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto precedentemente.-

RUEGO A U.S., así disponerlo.-

EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase U.S. tener presente que vengo por medio de éste acto en designar abogado patrocinante y en conferir poder a don RODRIGO FERNANDO GUERRERO ROMAN, abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, patente al día de la ilustre Municipalidad de Nancagua, quien podrá actuar con las facultades de ambos inciso del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, las que se dan por enteramente reproducidas en este acto y que declaro conocer. Siendo para estos efectos domiciliado en Casa matriz Quechereguas 754 San Fernando, y sucursales Errazuriz 1053 Santa Cruz y Angel Gaete s/n Pichilemu.-

POR TANTO, en mérito de lo expuesto precedentemente.-

RUEGO A U.S., tenerlo presente.-

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